En el centro la diputada de Tercera Edad de DPT, Rosario Pascual, junto a la directora de operaciones de Domusvi, Auxiliadora Galán, y a los lados los coordinadores del servicio en la provincia, Sara Llerda y Gonzalo Navarrete

El servicio de teleasistencia domiciliaria de la Diputación de Teruel acabó 2020 con 1.643 usuarios, de los que 1.504 eran titulares, 48 beneficiarios con botón pulsador (UCR) y 91 beneficiarios sin UCR. En un año marcado por las modificaciones que ha requerido la pandemia y tras un proceso de cambio de adjudicatario que ha supuesto la sustitución de la mayor parte de los dispositivos con todas las medidas sanitarias y de seguridad, la cifra final revela un ligero descenso de un 1,33% respecto a los 1.665 usuarios con los que acabó el año 2019.

La diputada delegada de Tercera Edad de la institución provincial, Rosario Pascual, ha explicado que “2020 ha sido un año muy complicado lleno de cambios, por la situación pandémica por un lado y por otro por el cambio de empresa, que por distintos motivos se ha saldado con 197 bajas. Tenemos una ligera bajada de los usuarios en total, pese a que estábamos preparados para asumir un crecimiento de hasta 600 usuarios. Sí crecen los usuarios dependientes, de los 240 de 2019 a los 437 que tenemos actualmente. Es una buena noticia en cuanto a la ampliación de la cobertura asistencial, en este caso cerca de un 95%”.

Pascual ha hecho balance del servicio junto a la directora de operaciones de Domusvi, Auxiliadora Galán, y los coordinadores del servicio en la provincia de Teruel, Gonzalo Navarrete y Sara Llerda. “El cambio de la empresa adjudicataria es consecuencia de la licitación que se convocó en 2019, ante el final del contrato con en vigor con Cruz Roja. Una vez adjudicado el nuevo contrato a la empresa Domusvi, el cambio se produjo tres meses más tarde de lo previsto a causa del confinamiento, para evitar contactos y por la seguridad de los usuarios, por lo que tuvimos que ampliar la contratación de Cruz Roja para mantener y reforzar el servicio”, ha dicho la diputada.

En ese tiempo de prórroga, entre marzo y junio, Cruz Roja realizó un gran esfuerzo que se tradujo en más de 10.000 llamadas extraordinarias a los usuarios habituales y otras 2.250 de un dispositivo específico para ocuparse de los casos pendientes de alta en el servicio, además de las 8.000 habituales de seguimiento. Al mismo tiempo, recibieron más de 4.000 llamadas.

Desde que la empresa Domusvi se hizo cargo del servicio, en el mes de julio, se han producido 27.052 alarmas, de las que solo el 3,18% han respondido a emergencias. De las 860 alarmas de emergencia recibidas, casi un 66% (567) no tuvieron respuesta y las 293 restantes se refereían a cuestiones sociales o sanitarias. El mayor número, 116, se debieron a caídas que al final no necesitaron asistencia frente a las 15 que sí requirieron ayuda. 102 llamadas respondieron a otro tipo de urgencias médicas y 42 a circunstancias varias como cambios posturales o incidentes domésticos. Se recibieron 9 alarmas por crisis de soledad o de angustia y 2 por malos tratos.

Ante las alarmas recibidas ha sido necesario movilizar recursos ajenos como policía, bomberos o sanitarios en 120 ocasiones, se ha comunicado con familiares, amigos y vecinos 161 veces y en otras 264 se han movilizado recursos de la propia empresa. En la mayor parte de los casos, el 95,36%, las razones de las llamadas se resuelven con la respuesta verbal del personal encargado.

El servicio de teleasistencia de la Diputación de Teruel recibe más llamadas por otras muchas causas, especialmente por revisiones o comprobaciones del sistema (suponen el el 78%), pero también para simplemente conversar (255), pedir información de recursos (30) o sobre el propio sistema (137) y buscar asesoría social, económica o jurídica (6).

Respecto a las llamadas emitidas durante el año 2020, el total son 17.526, de las que 11.338 responden al seguimiento periódico o la comprobación de agendas, 3.781 al propio funcionamiento del servicio o a dar respuesta a consultas y 2.407 son de emergencias.

La directora de operaciones de Domusvi, Auxiliadora Galán, ha asegurado que aparte de la “parte reactiva” del servicio los 365 días del año y 24 horas, existe “una parte preventiva que supone todo el seguimiento y contacto con los usuarios aunque no hayan pulsado de alarma. La metodología huye del café para todos y centra la intensidad del servicio en las necesidades de cada persona de manera individual”.

El personal del servicio realizó 1.352 llamadas según agenda, en su mayoría para realizar seguimientos especiales o tras emergencias, pero también para recordar tratamientos, comprobar ausencias o por ingresos hospitalarios. Incluso se están haciendo seguimientos especiales a los positivos en covid-19, aunque su incidencia ha sido baja entre los usuarios. Además, la compañía Domusvi puso en marcha campañas informativas para prevenir por la ola de calor en el mes de julio o para evitar robos y estafas a través de la covid-19, en coordinación con la Policía Nacional, en septiembre de 2020.

“El servicio aporta un sentimiento de independencia. La persona está más segura y cómoda por más tiempo en el lugar donde vive. Y también aportamos en gran medida compañía. Muchas de las personas que atendemos viven solas o en poblaciones aisladas y generamos un vínculo estrecho de confianza que nos ayuda en nuestro trabajo”, ha dicho Auxiliadora Galán.

En el centro la diputada de Tercera Edad de DPT, Rosario Pascual, junto a la directora de operaciones de Domusvi, Auxiliadora Galán, y a los lados los coordinadores del servicio en la provincia, Sara Llerda y Gonzalo Navarrete

Sobre los beneficiarios

Hay dos tipos de usuarios en la teleasistencia domiciliaria, los de naturaleza complementaria en relación a la población general y los de naturaleza esencial referidos a la población en situación de dependencia (usuarios a los que el IASS ha prescrito este recurso por la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de Dependencia, Ley 39/2006 de 14 de diciembre). De los 1.643 usuarios del servicio, aproximadamente unos 437 son usuarios esenciales, más del doble de los 203 que se contabilizaron en 2018.

“En realidad es un servicio con cambios constantes y es muy complicado tener una foto fija, por ello las bajas e incidencias nos son comunicadas cada 15 días y las nuevas conexiones cada semana”, ha dicho Rosario Pascual.

Respecto a la tipología de los usuarios, por rangos de edad, un 83% superan los 80 años. 579 están entre los 86 a 90 años, 425 entre los 81 y 85 años y 248 entre los 91 y 95 años. Aunque el servicio de teleasistencia domiciliaria siempre se relaciona con la población mayor o jubilada, hay 25 usuarios de menos de 60 años y 14 entre 60 y 65 años.

En cuanto al sexo de los usuarios, un 74% son mujeres y un 26% hombres. De ellos 1.630 personas tienen los dispositivos por su condición de mayores con necesidades, 8 son discapacitados físicos, 3 discapacitados psíquicos, un discapacitado sensorial y un enfermo crónico.

Servicio

La teleasistencia domiciliaria es un servicio prestado por Diputación de Teruel a través de una empresa adjudicataria y mediante un convenio de colaboración firmado con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) por el que esta institución financia aproximadamente el 50% del coste. El 50% restante se financia con el presupuesto de la institución provincial y las cuotas de los usuarios de naturaleza complementaria.

En el presupuesto de 2021, el convenio firmado asciende a 253.092 euros, del que el IASS se compromete a financiar como máximo 170.562 euros y la Diputación de Teruel como mínimo 82.530 euros. Las cuotas anuales para los usuarios oscilan de 141,88 euros la máxima a 14,19 euros la mínima, siendo la mas frecuente de 42,56 euros, 3,54 euros al mes. Los usuarios esenciales tienen el servicio subvencionado al 100%.

Para la extensión y el funcionamiento diario del servicio es importante destacar la implicación de las instituciones comarcales a través de los Servicios Sociales de Base, pues se ocupan tanto de la difusión y como de las solicitudes del servicio, poniendo a disposición del proyecto todos los recursos humanos y materiales necesarios.

En los próximos meses, y de acuerdo con el contrato firmado con la nueva empresa prestataria, la Diputación de Teruel ha previsto la instalación de detectores de gas y humo para aquellos usuarios que indiquen previamente los trabajadores sociales en las 10 comarcas turolenses. El objetivo es comenzar con 300 detectores y valorar después las necesidades para ampliar esas instalaciones.


 

ROSARIO PASCUAL. Diputada delegada de Tercera Edad

 

 

 

Comparte