LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS PIDEN MEDIDAS EXCEPCIONALES PARA FRENAR LA DESPOBLACIÓN

LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS PIDEN MEDIDAS EXCEPCIONALES PARA FRENAR LA DESPOBLACIÓN

El presidente de la Diputación de Teruel, Antonio Arrufat, junto al presidente de la Diputación de Cáceres, Juan Andrés Tovar, han sido los encargados de clausurar las jornadas «La Despoblación en España: Evolución, Situación Actual y Propuestas de Futuro», organizadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en Teruel. En este marco, ha sido presentada la «Propuesta para la creación de un índice corrector en los tributos del Estado para la lucha contra la despoblación». Este documento recoge la demanda de los municipios afectados por el declive demográfico para la puesta en marcha de medidas que frenen este proceso.
El presidente de la Diputación de Teruel ha destacado en su intervención que «la despoblación no debe ser concebida por las instituciones públicas como un problema sin solución, sino como un reto que precisa acciones concretas». Las causas que han provocado que hoy existan en España 3.709 municipios con menos de 500 habitantes son fundamentalmente económicas y provocadas por el desequilibrio que existe entre el entorno rural y el urbano. Por ello es necesario adoptar nuevas fórmulas de actuación desde los Ayuntamientos, las Diputaciones Provinciales y el Estado.
El documento recoge un catálogo de medidas de gestión municipal destinadas a la creación de empleo y calidad de vida en aquellas localidades menores de 1.000 habitantes que hayan perdido población desde el año 1950. La contribución económica, recogida en los Presupuestos Generales del Estado, se destinaría a servicios como la asistencia a domicilio, trabajos de recuperación de entornos naturales y formación de adultos.
Un segundo grupo de medidas serían gestionadas por las diputaciones. Su objetivo: apoyo a las inversiones destinadas a la creación de empleo femenino, inversiones en infraestructuras, accesibilidad y nuevas tecnologías, promoción de bienes y productos, y búsqueda de alternativas medioambientales y energéticas que favorezcan la diversificación económica del medio rural.
Antonio Arrufat, ha planteado, finalmente, la necesidad de articular un índice corrector contra la despoblación que iría destinado a los territorios con pérdida de habitantes a partir del año 1950. La cuantía vendría determinada por la siguiente fórmula: disminución porcentual de pérdida de población en un territorio entre los años 1950 y 2000 x 200.000 ?,?. En España han sido 20 las provincias que han perdido población en ese periodo. El Estado debería asumir esta aportación. A este índice corrector se suma la necesidad de arbitrar diferentes bonificaciones fiscales para aquellos ciudadanos y empresas que residan en poblaciones menores de 500 habitantes y para aquellas iniciativas que favorezcan la creación de empleo, a través de la iniciativa privada, según criterios de lugar de ubicación, empleo femenino generado y tipo de actividad.
La gestión del Indice corrector precisa de administraciones públicas con experiencia y asentadas en el territorio. Sin lugar a dudas Ayuntamientos y, especialmente, Diputaciones Provinciales que cumplen, de esta manera, con el compromiso de apoyar, asesorar, gestionar recursos y firmar convenios con los municipios para realizar la ejecución de estas inversiones. En definitiva la colaboración institucional, en la gestión de estos nuevos recursos económicos, permitirá poner en marcha medidas que relanzarían el desarrollo social y económico de los territorios en despoblamiento, así como el aprovechamiento sostenible y la conservación de sus recursos endógenos
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