Con la puesta en marcha de este acuerdo sobre gestión catastral, la Diputación de Teruel ratifica una vez más su auténtica función de Ayuntamiento de Ayuntamientos. Una labor vital en un territorio que está integrado por una mayoría de pequeñas localidades que requieren de la Diputación Provincial como ente supramunicipal prestador de servicios administrativos y recursos financieros que garanticen la viabilidad del medio rural turolense y la calidad de vida de sus habitantes.
Dicho objetivo es compartido asimismo por la Dirección General del Catastro que, a través de la fórmula de encomienda de gestión, permitirá que la Diputación de Teruel tramite los expedientes de alteraciones catastrales de orden jurídico (transmisiones de dominio) relativos a bienes inmuebles urbanos y rústicos.
Por otra parte, hay que subrayar que la adecuada realización de los trabajos de valoración, inspección, elaboración y gestión de la cartografía catastral es una tarea fundamental a la hora de administrar correctamente un impuesto de tanta trascendencia en la financiación de los entes locales como es el Impuesto de Bienes Inmuebles.
El nuevo convenio interinstitucional facilitará una mejor coordinación entre el catastro inmobiliario, cuya formación y mantenimiento es competencia del Estado, y los Ayuntamientos turolenses, titulares del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y cuya gestión recaudatoria tienen encomendada mayoritariamente a la Diputación Provincial.
A partir de ahora, se impulsarán medidas de intercambio de información y de actualización cartográfica entre la Diputación de Teruel y la Dirección General del Catastro que permitirán una gestión más adecuada de la recaudación tributaria.
A través de su Servicio provincial de Tributos Locales, la Diputación de Teruel ofrece una atención integral en materia de recaudación de tributos a los Ayuntamientos que delegan en la DPT estas funciones. En nuestra provincia, la práctica totalidad los Ayuntamientos tienen delegada a la Diputación la gestión y/o recaudación de tributos como el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles (IBI) de rústica y urbana o el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). También se gestionan, por delegación de los Ayuntamientos que así lo acuerdan, tributos como el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), multas, tasas municipales y precios públicos. Se trata así de optimizar la gestión municipal en una materia fundamental para la viabilidad económica de las corporaciones locales como es disponer de una adecuada gestión tributaria.
Dicha labor se inscribe dentro de las competencias que la legislación vigente atribuye a las Diputaciones Provinciales. Se trata así de prestar un servicio de cooperación y asistencia económica y técnica a los Ayuntamientos que resulta básico, máxime en un territorio caracterizado por el pequeño tamaño de la gran mayoría de los municipios. Una circunstancia que se traduce, además, en la escasez de medios humanos y capacidad técnica para asumir las competencias que la ley les otorga a los Ayuntamientos en lo relativo a recaudación y gestión de los tributos de carácter local.
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