Imagen del pleno de hoy

La Diputación Provincial de Teruel ha aprobado esta mañana en el pleno ordinario del mes de febrero el Plan de Concertación de 2019 por el que todos los municipios de la provincia se repartirán 3.300.000 euros siguiendo criterios de reparto objetivos.

Se trata del programa de la Institución que mayor cuantía destina a los municipios a la espera del Fondo de Inversiones Financieramente Sostenibles (FIMS), que se fija una vez conocido el resultado presupuestario del año anterior en el mes de marzo.

El Plan de Concertación es un fondo incondicionado para cualquier tipo de destino y no se tramita como subvención por lo que se agiliza la carga burocrática, se reduce el número de expedientes y se acortan los plazos de forma notable. “Es un fondo de libre disponibilidad por parte de los ayuntamientos, que no precisa de justificación previa para ser recibido y que permite a cada municipio decidir el destino de la ayuda lo que es un verdadero respiro para ellos por su agilidad e inmediatez”, asegura el presidente de la institución provincial, Ramón Millán.

Por su parte, el vicepresidente primero, Joaquín Juste, ha destacado la idiosincrasia de este fondo “porque permite -ha dicho Juste- ser equilibrados en el reparto, llegar con eficiencia a todos los rincones de la provincia y colaborar en la mejora de la salud financiera de los municipios”.

La aprobación de este Plan es de vital importancia para los 236 municipios porque la ayudas les permite hacer frente a gastos vitales como pueden ser, el pago de nóminas, la prestación de servicios básicos, el pago a proveedores o la ejecución de obras de mejora de su localidad.

El reparto del Plan de Concertación se realiza mediante unas bases totalmente objetivas que tienen en cuenta las particularidades de la provincia. La ciudad de Teruel, con 33.000 euros que se destinan a los barrios pedáneos; Alcañiz, con 72.600 euros y Andorra, con 49.500 euros, tienen un tratamiento diferenciador.

Deducida la cantidad destinada a estos tres municipios de mayor tamaño de la provincia, con características diferentes por el volumen de población y los servicios que prestan y que en total suman 155.100 euros, el resto se distribuye siguiendo criterios que atienden a cuestiones como sus habitantes o el número de núcleos de población que posee cada entidad, así como un fijo por municipio.

El municipio con menor cuantía por su población es Almohaja que percibirá 6.041,32 euros. Por el contrario y exceptuando las tres poblaciones mayores citadas, Calamocha percibe la mayor ayuda: 54.166,82 euros.

Plan 113 Empresas Sostenibles

En el pleno también se ha dado vía libre, tras ser aprobado en comisión extraordinaria de Hacienda esta mañana, al programa de ayudas para los ayuntamientos de la provincia que cuenten con proyectos empresariales generadores de empleo con el fin de que puedan acometer las obras o infraestructuras necesarias que lo hagan posible.

Se trata de una nueva línea de ayudas en el marco de la iniciativa 113 Empresas Sostenibles que puso en marcha la institución provincial el pasado año y que en 2019 fue dotado de un presupuesto de 500.000 euros para cerrar convenios con los ayuntamientos que cuenten con iniciativas empresariales para instalar en su término municipal.

De esta forma, hoy se ha dado el visto bueno a 6 ayudas:

  • Convenio Ayto. de Camarena de la Sierra: 270.000 euros. Accesos y otras actuaciones necesarias relacionadas con una planta embotelladora de agua.

  • Convenio Ayto. de Escucha: 60.00 euros para accesos y otras actuaciones necesarias relacionadas con una planta de producción de fertilizantes.

  • Convenio Ayto. de Ferreruela: 70.000 euros. Accesos y suministro de agua y otras actuaciones necesarias relacionadas con la instalación de una granja de producción de huevos de gallina.

  • Convenio Ayto. de Griegos: 30.000 euros. Accesos y otras actuaciones necesarias relacionadas con una serrería de madera.

  • Convenio Ayto. de Oliete: 40.000 euros. Mejora de los accesos al recurso turístico de la Sima de San Pedro como incremento de la actividad del Parque Cultural.

  • Convenio Ayto. de San Agustín: 30.000 euros. Accesos y suministro de agua y otras actuaciones necesarias para una explotación orientada a la producción de esquejes para la puesta en marcha de una actividad relacionada con plantas aromáticas a nivel provincial.

El presidente provincial ha destacado la trascendencia de estos seis proyectos empresariales que han solicitado apoyo a la institución a la hora de generar nuevos puestos de trabajo en la provincia. “Nuestros pueblos sí tienen capacidad para aportar bienes y servicios relacionados con nuestros recursos, que a la par luchan contra el cambio climático, potencian las energías renovables, o la producción de alimentos saludables entre otros y que entendemos debemos apoyar para generar actividad económica, porque sólo de esta forma se podrá asentar la población y frenar algunos nuestros males como la despoblación o la falta de empleo atractivo”.

Esta mañana se ha dado el primer paso para apoyar económicamente a estas seis poblaciones con iniciativas empresariales a través de sus ayuntamientos.. En próximas fechas la Diputación de Teruel suscribirá los respectivos convenios con los ayuntamientos citados para materializar esta ayuda.

Declaraciones institucionales

La Diputación provincial de Teruel ha aprobado también esta mañana en sesión plenaria, cuatro declaraciones institucionales.

La primera, planteada a instancias del Partido Aragonés, surge tras la posibilidad de que la provincia pierda un diputado autonómico en las Cortes de Aragón en las próximas Elecciones locales debido a la pérdida de población.

En ella, se hace hincapié en la necesidad de defender los intereses y necesidades de territorios como el de Teruel cuyo declive poblacional sigue motivando desigualdades y mermando derechos y representatividad en este caso en el Parlamento autonómico.

Así, se insta a las Cortes regionales y a todos los grupos que las conforman a que prioricen “la fórmula que mejor posibilite un verdadero equilibrio político y territorial de Aragón y que no aumente más la brecha de la representación política entre la gran ciudad -Zaragoza- y el resto del territorio ya que esta supremacía sobre Teruel y Huesca, sólo acentúa y acrecienta el desequilibrio territorial”.

Una vez más Teruel pierde y en este caso en el terreno político, lo que nos va a afectar de manera exponencial ya que perder representación en el Parlamento regional, la institución que legisla e insta al Ejecutivo a ejecutar acciones en igualdad, es un retroceso que no podemos permitirnos muchos menos si queremos realmente aplicar medidas contra la despoblación o evitar la discriminación por motivos de residencia o lugar de nacimiento”, matiza Ramón Millán quien desvela que “lo idóneo sería instaurar el sistema del País Vasco donde las tres provincias están representadas en igualdad indistintamente

de su población”.

En cualquier caso, el presidente provincial matiza que la suma de los diputados por Huesca como Teruel debería ser mayor que los diputados por Zaragoza.

En el pleno de esta mañana también se ha debatido, a instancia del Grupo Popular en la Diputación, una propuesta que pone el foco en el Fondo de Inversiones de Teruel 2018 y en la gestión que se ha realizado del mismo desde que fue firmado en mayo del año pasado por la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el presidente del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán.

Tal y como recoge el texto a debate, se reclama “agilizar” las líneas de subvenciones todavía pendientes del FITE 2018, firmar “a la mayor brevedad posible” el FITE 2019 y solicitar que el reparto de los fondos se acometa cumpliendo los principios de “publicidad, agilidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación”.

Esta propuesta surge como consecuencia de los más de 17 millones de euros pendientes de convocar del FITE 2018, a pesar de que la firma tuvo lugar hace casi diez meses. Una situación que el vicepresidente primero de la Institución provincial ha calificado como “muy grave” y que “pone en serio peligro que las inversiones puedan llegar a realizarse porque todavía quedan muchos trámites burocráticos que realizar antes de que los beneficiarios de las ayudas puedan tener certeza de que cuentan con ellas y puedan realizar la contratación correspondiente”. Por ese motivo, ha agregado, “pedimos diligencia y celeridad para que no se queden sin invertir cuantías muy importantes para toda la provincia”.

La tercera declaración institucional surge a instancias del Partido Aragonés, para la creación de una Facultad de Medicina Rural con la que se contribuiría a “la investigación y a la formación de profesionales y articular beneficios indiscutibles para los habitantes del medio rural” con el fin de afrontar una solución definitiva a la falta de médicos que existe en el medio rural y en algunos hospitales de Aragón, “lo que afecta injustamente a los usuarios de la sanidad de ciertas partes del territorio e influye en el futuro de ciertas zonas rurales de Aragón”.

En la declaración se insta a que en el plazo de un mes se evalúe el plan de incentivos aprobado por la mesa sectorial de sanidad en materia de incentivos para los profesionales sanitarios en centros sanitarios de difícil cobertura, que se cuantifiquen cuántas medidas se han llevado a cabo y cuántas han contribuido a mejorar la atención en el medio rural.

También que se pongan en funcionamiento todos los incentivos que se recogen en el pacto de la mesa sectorial de sanidad en materia de incentivos para los profesionales sanitarios en centros del Servicio Aragonés de Salud de difícil cobertura y que no se han puesto en marcha.

Por último, la DPT ha aprobado una propuesta del Grupo de Ganar en apoyo a la huelga feminista del 8 de marzo. Se trata de una huelga de 24 horas para denunciar las desigualdades, las discriminaciones y las violencias “estructurales” que sufre más de la mitad de la población mundial pero también “como reivindicación de un nuevo modelo social más justo, democrático e igualitario”.

Así la propuesta que sido apoyada por todos los grupos convirtiéndose en declaración institucional de apoyo a la huelga, para “articular en la práctica políticas globales con dotación económica suficiente de gestión pública, con estadísticas y evaluaciones para cambiar la realidad material de las mujeres en aras de una igualdad real” y por último para “facilitar con todos los medios materiales, personales y de difusión, las manifestaciones, concentraciones, actividades y actos que convoquen las asociaciones de mujeres en el 8 de marzo” y a “colocar un emblema en la Diputación como símbolo de apoyo a la lucha de las mujeres”.

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